Home Blog
Entradas Blog

Dos años de tasas judiciales. Marco general de aplicación.

E-mail Imprimir PDF

Acercándonos al segundo aniversario de la funesta entrada en vigor de las tasas judiciales en España, conviene hacer repaso al marco general de su aplicación.


La única jurisdicción totalmente exenta de tasas judiciales es la penal. En el resto de jurisdicciones la regla general es la obligación del abono de tasa, con varias excepciones notables que examinamos a continuación.


Están legalmente exentos del pago de tasas judiciales:


- Los procedimientos que regula la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

 

- La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el Capítulo de la LEC denominado “De los procesos matrimoniales y de menores” que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.

 

- La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

 

- La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

 

- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

 

- La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere los 2.000 euros (no se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga carácter de título ejecutivo extrajudicial).

 

- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

 

- La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

 

- Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

 

- Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor y, si ambos se opusieren, a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

 

A parte de estas exenciones totales, se fijan en la ley dos exenciones parciales:

 

- En la jurisdicción social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

 

- En la jurisdicción contencioso-administrativa, los funcionarios públicos tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios.

 

En los últimos tiempos se ha declarado por la Dirección General de Tributos la exención del abono de la tasa en los siguientes supuestos:

 

-  La oposición a la ejecución de sentencia sobre pensiones alimenticias del menor.

-  La continuación de la ejecución hipotecaria por el resto del crédito no cubierto con la subasta de la finca hipotecada no exigirá el pago de una segunda tasa judicial.

- La impugnación por las partes del cuaderno particional elaborado por el contador-partidor.

 

 

 

 

Última actualización el Miércoles, 03 de Septiembre de 2014 10:08
 

Apuntes sobre la Ley 4/2013, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos

E-mail Imprimir PDF

 

Con fecha de 6 de junio de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que modifica la anterior L.A.U. de 1994 en varios aspectos importantes y que procedemos a desglosar:

 

- Se flexibiliza teóricamente el régimen de pactos entre arrendador y arrendatario, señalando que se dará más campo de actuación a la voluntad de las partes a la hora de establecer las cláusulas que han de regir su contrato de arrendamiento. A diferencia de la L.A.U. de 1994, en el que la voluntad de las partes operaba en defecto de lo dispuesto en el texto legal, en este norma se señala que la libertad de pactos regirá en primer lugar para los contratos de arrendamiento, pero matizando a continuación que esta voluntad de las partes habrá de acomodarse al “marco de lo dispuesto en el Título II” de la Ley. La diferencia en este sentido, por tanto, parece que será más teórica que práctica.

 

- Aborda el problema de la dificultad de acreditación de las comunicaciones habidas entre arrendador y arrendatario, posibilitando que en el contrato se señale una dirección electrónica a los efectos de realizar las notificaciones, “siempre que se garantice la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron”.

 

- Se posibilita que las partes puedan reemplazar, de forma total o parcial, el pago de la renta por el compromiso del arrendatario de rehabilitar o reformar el inmueble, permitiendo que el incumplimiento en los términos y condiciones pactados para esa rehabilitación pueda ser causa de resolución del contrato de arrendamiento.


- Mientras que la L.A.U. de 1994 imponía la actualización de la renta conforme a la evolución del IPC general, la actual Ley 4/2013 permite a la partes pactar los criterios de actualización, rigiendo el de la evolución del IPC supletoriamente.

- Se posibilita que las partes puedan pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.

- El plazo de prórroga forzosa para estos contratos se reduce de los cinco años de la L.A.U de 1994 a los tres años, y el de prórroga táctica pasa de los tres a un año.

- Ya no habrá de ser señalada específicamente en el contrato la posibilidad de resolución del contrato por parte del arrendador motivada en la necesidad de utilizar el inmueble como vivienda permanente para sí o para sus familiares de primer grado, o para su cónyuge en casos divorcio; con la Ley 4/2013 basta con que haya trascurrido el primer año de duración del contrato y se le comunique al arrendatario con dos meses de antelación.

- En contraste con lo establecido en la L.A.U. de 1994 en la que el arrendatario sólo puede desistir del contrato de arrendamiento de más de cinco años cuando hubiese transcurrido dicho periodo y lo hubiese comunicado con dos meses de antelación,
la Ley 4/2013 permite al arrendatario desistir del contrato transcurridos 6 meses, siempre que lo comunique con una antelación mínima de 30 días. En el contrato puede pactarse una compensación al arrendador, en caso de desistimiento, abone una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir.

- Se crea el Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, a los efectos de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamientos y que hayan sido condenadas por sentencia firme. Los propietarios de inmuebles que quieran suscribir contratos podrán acceder a la información del Registro.


- La Ley sí aborda con energía un nuevo régimen de inscripción de los contratos de arrendamiento en el Registro de la Propiedad, señalando que para que los arrendamientos urbanos surtan efecto frente a terceros deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad.

 

Este régimen registral afecta a los supuestos de enajenación de la vivienda (por venta, donación o permuta) en la que se subroga al adquiriente en los derechos y obligaciones del arrendador, siempre que el contrato de arrendamiento esté inscrito en el Registro de la Propiedad. A falta de inscripción registral, el arrendamiento puede extinguirse, aunque el arrendatario podrá exigir la continuidad durante tres meses.


También afectará a la extinción del contrato de arrendamiento si, durante la vigencia del contrato, los derechos del arrendador del inmueble quedaran extinguidos por cualquier causa (como puede ser la enajenación forzosa de la vivienda a causa de una ejecución hipotecaria, sentencia judicial o el retracto convencional sobre la opción de compra): si el contrato está inscrito anteriormente en el Registro de la Propiedad, no quedará extinguido.


Finalizar esta nota señalando que son ahora cuatro los textos legales que rigen los contratos de arrendamiento, y que serán aplicables en función de la época en la que dichos contratos han sido suscritos: la L.A.U. de1964, el Real Decreto-Ley 2/1985, y la L.A.U. de 1994 en sus dos versiones (la anterior a esta reforma de 2013, y su versión actual).

 

 

 

 

 

 

Última actualización el Lunes, 14 de Octubre de 2013 10:09
 

Últimos pronunciamientos sobre cláusulas abusivas en hipotecas

E-mail Imprimir PDF


Es de notoriedad pública que las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo y la transparencia en la contratación han dado lugar a una ingente cantidad de pronunciamientos sobre cláusulas abusivas en escrituras de hipoteca.

A medio de la presente nota queremos destacar, sin ánimo exhaustivo, las cláusulas consideradas abusivas con mayor habitualidad:

- La desproporción en los intereses de demora.

Los tribunales españoles carecen, a la fecha, de un criterio unificado en cuanto a qué tipo de interés resulta desproporcionado. A falta de este criterio unificado, el panorama jurisprudencial es dominado por la casuística.

Algunos órganos han intentado crear uniformidad donde no la hay. Véase así, por ejemplo, a la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordaron que los préstamos y créditos podrían considerarse abusivos cuando el interés de demora superase 2,5 veces el interés legal del dinero (ello exceptuando que el interés remuneratorio fuera superior a ese límite, en cuyo caso se estimaría abusivo su superase en dos al remuneratorio).

La Ley Hipotecaria señala en su artículo 114 que “Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago”. Esta limitación también resulta de aplicación cuando habiéndose constituido la garantía hipotecaria antes de su entrada en vigor, los intereses de demora se devenguen con posterioridad, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieren sido satisfechos.

Retengamos que el TJUE no permite al Juez integrar o modificar las cláusulas declaradas abusivas. Si se declara nula la cláusula de intereses de demora deberá excluirse sin más del contrato, pretendiéndose así evitar la tentación que pudieran tener las entidades bancarias de introducir estas cláusulas abusivas sabiendo que lo peor que les podría pasar sería que un Juez se la moderase.

- Intereses remuneratorios excesivos

Los intereses remuneratorios, a diferencia de los de demora, en principio no se pueden someter a control judicial si han sido redactados de manera clara y transparente dado que forman parte del precio. En caso de intereses remuneratorios, resulta de aplicación la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908. Es difícil, aún con ello, que nuestros tribunales aprecien la nulidad de los intereses remuneratorios por usurarios. La Ley de represión de la usura establece que han de ser superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso, o en condiciones tales que resulten leoninos, aceptados por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades mentales.


Pueden encontrarse supuestos en los que el Tribunal Supremo no ha apreciado como deproporcionado un interés del 20,5 anual, mientras que en otras ocasiones consideró usurario un interés del 20% anual. Deberemos, una vez más, estar al caso concreto, con la inseguridad que ello supone.


- Cláusula suelo


El Tribunal Supremo ha venido dando luz verde a las cláusulas suelo siempre que en la contratación no se incurra en ninguna circunstancia que haga evidente la falta de transparencia.

Así, el art. 4.2 Directiva 93/13/CEE dispone que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.”

Habrá de estudiarse minuciosamente el contrato de hipoteca, visualizando si en el proceso de contratación se ha facilitado una adecuada y clara información, y reteniendo que el hecho de que temporalmente la cláusula haya resultado beneficiosa para el consumidor no la convierte en trasparente.

EL Tribunal Supremo ha concluido que la nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia no conlleva la devolución de los importes indebidamente cobrados. En esta tesitura, resulta lógico que no se hayan hecho esperar diversas resoluciones declarando la nulidad de la cláusula suelo con carácter retroactivo. En este sentido de aplicación retroactiva se han pronunciado algunos Juzgados de Barcelona, Málaga o Bilbao, condena a la entidad bancaria demandada a reintegrar a los demandantes las cantidades indebidamente abonadas en virtud de la cláusula suelo-techo declarada nula con los intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia.


- Otra causa que es generalmente considerada abusiva es el vencimiento anticipado por el mero embargo de bienes del prestatario o disminución de su solvencia, y ello aun cuando lo embargado sea el propio inmueble hipotecado, ya que al constar la hipoteca inscrita con anterioridad en el Registro en nada afectará a esta, pues (como indica la Dirección General de Registro y Notariado) si el bien fuere subastado, las cargas posteriores se cancelarán, por lo que dicho embargo o embargos posteriores no disminuyen la garantía real y la preferencia de la hipoteca.


- También viene considerándose abusiva la prohibición de enajenar o gravar la finca hipotecada sin consentimiento del acreedor, y ello por ser contrario al principio de libertad de contratación, a la libre circulación, uso y destino de los bienes y al crédito territorial. Retengamos que, ex art. 1205 del Código Civil, la transmisión del inmueble hipotecado no conlleva la subrogación como deudor del nuevo adquirente, pues para ello sería necesario el consentimiento del acreedor.




 

 

Última actualización el Jueves, 01 de Agosto de 2013 12:05
 

Plazo para el pago del precio en los contratos administrativos

E-mail Imprimir PDF

 

El pasado 1 de enero de 2.013, entró en vigor el último tramo del Régimen Transitorio establecido en la Ley de contratos de Sector Público, respecto al plazo para pago del precio de los contratos administrativos, previsto en la Disposición Transitoria SEXTA del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (anteriormente Disposición Transitoria OCTAVA de la Ley 30/2007), quedando fijado desde el 1 de enero de 2.013 en 30 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato


Lo anterior tiene dos consecuencias.


La primera y lógica que se ha reducido el plazo para que la Administración abone el precio del contrato (de las certificaciones de obra o documentos acreditativos de la realización total o parcial del contrato) pasando de 40 a 30 días. Vencido dicho plazo se producirán las consecuencias previstas en el artículo 261.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la Administración “… deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre” por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


La segunda consecuencia, es que se reduce en igual medida el plazo para el pago por el contratista a sus subcontratistas y suministradores del precio pactado: Artículo 228 del citado Real Decreto Legislativo 3/2011: Pagos a subcontratistas y suministradores.


1. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.


2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en el artículo 216.4 para las relaciones entre la Administración y el contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su fecha y del período a que corresponda.


3. La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma.


4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.


5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante aval.



Oviedo 15 de enero de 2.013


Pedro González – Cobas García

Abogado

DIAZ – VARELA ABOGADOS, S.L.

 

 


 

Última actualización el Jueves, 24 de Enero de 2013 13:12
 

Información sobre las nuevas tasas judiciales

E-mail Imprimir PDF

 

I.- Introducción.


En el día de hoy 21 de Noviembre de 2.012, se ha publicado en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que regulan las “famosas” tasas judiciales, que entran en vigor, al día siguiente de su publicación, esto es, el 22 de Noviembre de 2.012.

La referida Ley supone una importante modificación de dichas tasas respecto a la regulación anterior (y ahora derogada), contenida en el artículo 35 de la Ley 53/2002.


II.- Principales Modificaciones.


A.- Ampliación de los supuestos (actuaciones judiciales) sometidas a la tasa.


Supuestos previstos en la anterior regulación:


- La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil (1), la formulación de reconvención y la presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

- La interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden civil.

- La interposición de recurso contencioso-administrativo.

- La interposición de recursos de apelación y casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

A los anteriores, se suman ahora los siguientes supuestos:

- La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

- La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

- La oposición a la ejecución de títulos judiciales


(1) El único supuesto anteriormente gravado con esta tasa, que ahora se libera, es la ejecución de títulos judiciales en el orden civil, pues es la anterior regulación se gravaba toda demanda de ejecución (en el orden civil), mientras que ahora la tasa se limita a las demandas de ejecución de títulos extrajudiciales (en el orden civil).


B.- Ampliación de las cuotas aplicables.


La cuota de esta tasa se compone de dos factores una cuota fija y una cuota variable por cuantía del asunto. Esta configuración ya estaba vigente.


Una de las novedades más importantes es el sustancial incremento de las cuotas fijas aplicables, pues todas ellas se incrementan, en algunos casos se duplican y en otros (caso de las apelaciones) casi se triplican. Y, de otra parte se incrementa el límite máximo de la parte variable de 6.000 € a 10.000 €.


Se acompaña en Anexo tablas comparativas de las Tasas anteriores y las nuevas contenidas en la Ley 10/2012


C.- Ampliación de los Sujetos pasivos de la tasa


Junto al incremento de las cuotas de la Tasa que nos ocupa, la modificación más importante es la ampliación de los sujetos que están obligados a su pago, pues en la anterior regulación (y al margen de las exenciones subjetivas) estaban obligadas al pago las personas jurídicas que NO tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Mientras que ahora están obligados a su pago todas las personas físicas y jurídicas, con las únicas salvedades:


- Personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

- Ministerio Fiscal.

- Administraciones Públicas General del Estado, Autonómicas y Locales y Organismos públicos dependiente de todas ellas.

- Las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las CCAA.


D.- Como principales exenciones en la nueva Ley al pago de la Tasa que nos ocupa podemos significar las siguientes:


- Solicitud de concurso voluntario por el deudor.

- Petición inicial de procedimiento monitorio y demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuanto no supere los 2.000 € (anteriormente la exención era para los monitorios de cuantía inferior a 3.000 €)

- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.


E.- Otras novedades:


§ Se establecen en la nueva Ley 10/2012 los efectos de la falta de pago de la Tasa y de la presentación de su autoliquidación: “En el caso de que no se acompañase el justificante el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.” Hasta aquí se preveía ya en la anterior regulación a lo que se añade ahora: “La falta de presentación del justificante de la autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal, y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento según proceda.”


§ Por otra parte se prevé en la nueva Ley (anteriormente no existía previsión alguna) la regularización de la tasa, como consecuencia de la determinación por el órgano judicial competente de una cuantía distinta a la fijada inicialmente. Así, si dicha cuantía es superior a la inicialmente fijada (o no fijada) se deberá hacer una liquidación complementaria y abonar la diferencia. Por el contrario si la cuantía fijada judicialmente es inferior a la inicialmente determinada se podrá solicitar la rectificación y devolución de ingresos indebidos por el exceso abonado.


§ En el caso de que iniciado un procedimiento judicial en el que se haya abonado la tasa correspondiente, se llegue a un acuerdo extrajudicial, se tendrá derecho al reintegro del 60% de la tasa abonada.


§ En el caso de acumulación de procesos, se tendrá derecho al reintegro del 20% de la tasa abonada.


Oviedo 21 de Noviembre de 2.012


Fdo. Pedro González – Cobas García

Abogado

DIAZ – VARELA ABOGADOS, S.L.

 

 

 


 

Última actualización el Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:38
 


Página 1 de 4