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Nota sobre limitación de pagos en efectivo (2.500 €)

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I.- Objeto


La Ley 7/2012, de 29 de Octubre, publicada en el BOE el día 30 del mismo mes establece en su artículo 7 la limitación a los pagos en efectivo en los que una de las partes intervinientes sea un empresario o profesional con un importe superior o igual a 2.500 €. Dicho artículo 7, y por tanto la limitación referida entró en vigor el pasado día 19 de Noviembre de 2.012, aplicándose a todos los pagos efectuados desde esa fecha aunque la operación haya sido concertadas con anterioridad a su entrada en vigor.


II.- Rasgos principales de la nueva limitación.


El requisito esencial para que opere dicha limitación es que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

El citado importe límite de 2.500 euros se eleva hasta 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

No es posible fraccionar pagos para evitar el límite referido ya que la Ley prevé que a efectos del cálculo de las cuantías señaladas (2.500 € y 15.000 € para extranjeros no profesionales ni empresarios), se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Se establece que a efectos de lo dispuesto en la Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Finalmente se dispone una excepción a la limitación que nos ocupa, que no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.


III.- Régimen sancionador.


La infracción de la limitación de pago en efectivo que se trata será grave. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga.

La sanción consistirá en multa pecuniaria del 25 por ciento de la base de la sanción. La base sobre la que se aplicará ese porcentaje del 25% es el importe abonado en efectivo que supere el límite establecido en la ley

No se aplicará sanción alguna a la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada. La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

La infracción que se trata prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Y La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.


Oviedo 22 de Noviembre de 2.012

 


Fdo Pedro González – Cobas García

Abogado

DIAZ – VARELA ABOGADOS, S.L.

 

Última actualización el Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:35
 

Régimen transitorio en la revisión de precios de los contratos con las Administraciones Públicas

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I.- Trataremos a continuación de exponer el régimen aplicable de revisión de precios de los Contratos de las Administraciones Públicas consecuencia de las distintas modificaciones normativas habidas y que afectan a los contratos sobre los que se realiza la consulta.


A.- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE de 31 de Octubre de 2.007, entró en vigor, tal como establece su Disposición Final Duodécima, a los seis meses de su publicación, esto es, el 1 de Mayo de 2.008.


En cuanto al régimen transitorio de la Ley 30/2007, específicamente respecto a las fórmulas de revisión de precios, establece su DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Fórmulas de revisión, lo siguiente


1. Hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 79, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior, y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio de Defensa.


2. En todo caso, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley sin que se hayan aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente vigentes se efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra.


La Ley 30/2007, dispone que hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión seaplicarán las anteriores (vigentes en ese momento) esto es las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; y completadas por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto. Con la salvedad de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley, sin que se hayan aprobado esas nuevas fórmulas, se aplicarán las anteriores (vigentes en ese momento) con exclusión del efecto de variación de precios de la mano de obra.


Así pues, tras la entrada en vigor de la Ley 30/2007, se siguen aplicando las fórmulas de revisión contenidas en el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre (y completadas por el Real Decreto 2167/1981); y a partir del año de su entrada en vigor (pues no se aprobaron en ese período nuevas fórmulas), esto es, desde el 1 de Mayo de 2.009 se deben aplicar las mismas fórmulas de revisión referidas (del Decreto 3650/1970) pero excluyendo el efecto de variación de precios de la mano de obra.


B.- La Ley 30/2007 ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que fue publicado en el BOE de 16 de Noviembre de 2.011 y que entró en vigor (tal como señala su Disposición final única) al mes de su publicación, esto es, 16 de Diciembre de 2.011


Respecto a las fórmulas de revisión el Texto Refundido viene a confirmar el régimen de aplicación que ya establecía la Disposición Transitoria segunda de la Ley 30/2007, pero ya no se incluye un régimen transitorio de un año, pues el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se aprobó transcurrido sobradamente ese año.


Con lo cual, el Texto Refundido establece sin más que hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión se aplicarán las anteriores (vigentes en ese momento) esto es las aprobadas por el Decreto 3650/1970 (y completadas por el Real Decreto 2167/1981) con exclusión del efecto de variación de precios de la mano de obra:


DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Fórmulas de revisión.


Hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 91, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior, y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio de Defensa, con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra.


C.- Las nuevas fórmulas fueron aprobadas por Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Dicho real Decreto se publicó en el BOE de 26 de Octubre de 2.011 y entró en vigor a los dos meses de su publicación, el 26 de diciembre de 2.011 por tanto.


En cuanto a la aplicación de las nuevas fórmulas, el Real Decreto 1359/2011 introduce una duda en el régimen transitorio que venimos señalando, ya que dispone que a los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que ya se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la presente disposición (disposición transitoria primera del RD 1359/2011) se aplicarán las fórmulas polinómicas anteriormente vigentes que por su naturaleza les correspondan: DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen transitorio de aplicación de las nuevas fórmulas:


La revisión de precios de los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que ya se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la presente disposición estará sujeta a las fórmulas polinómicas anteriormente vigentes que por su naturaleza les correspondan. A estos efectos se entenderá que los procedimientos de adjudicación han sido iniciados si se hubiera publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos no sujetos a publicidad, para determinar el momento de su iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación del expediente.”


Dicha Disposición Transitoria Primera establece que la revisión de precios de los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que ya se hubieran iniciado a su entrada en vigor estará sujeta a las fórmulas polinómicas anteriores; nada dice de la exclusión al aplicar esas fórmulas anteriores del efecto de la variación de precios de la mano de obra. Ahora bien, pese a tal omisión, entendemos que en virtud de las transitorias de la Ley 30/2007 y del Real Decreto Legislativo 3/2011 (arriba trascritas), a los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que ya se hubieran iniciado a su entrada en vigor, deben aplicarse las fórmulas polinómicas anteriores pero excluyendo el efecto de la variación de precios de la mano de obra.


II.- A tenor de cuanto antecede, a nuestro juicio, el régimen transitorio de revisión de precios aplicable a los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, es, en apretado resumen el siguiente. Teniendo en cuenta siempre que los contratos en cuestión sean revisables, y se hayan cumplido los requisitos legales para la revisión de precios:


§ Hasta el 1 de mayo de 2.009 (dentro del año posterior a la entrada en vigor de la Ley 30/2007) se aplican las fórmulas de revisión aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; y completadas por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto.


§ A partir del 1 de mayo de 2.009 (vencido el año desde la entrada en vigor de la Ley 30/2007) se aplican las fórmulas de revisión aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; y completadas por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, pero excluyendo el efecto de variación de precios de la mano de obra.


§ A partir de 26 de diciembre de 2.011 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1359/2011):


- A los contratos derivados de procedimientos de adjudicación que ya se hubieran iniciado a la entrada en vigor de dicho RD se aplicarán las fórmulas polinómicas anteriores pero excluyendo el efecto de variación de precios de la mano de obra.


- A los contratos derivados de procedimientos de adjudicación posteriores a la entrada en vigor de dicho RD se aplicarán las nuevas fórmulas polinómicas.


III.- El hecho de que uno de los contratos (el de señalización) no se refiera a las disposiciones transitorias de la LEY 30/2007 y el otro (el de pintura) si, entendemos NO influye en el régimen transitorio aplicable de revisión de precios referida ya que, parece ser ambos contratos fueron licitados y adjudicados a finales del año 2.008, esto es, cuando se encontraba en vigor la Ley 30/2007, y por tanto sus disposiciones transitorias, y por ende, ambos contratos están sometidos a dicha Ley (incluyendo sus disposiciones transitorias).


Respecto al contrato de señalización, con todas las salvedades y reservas jurídicas posibles, sería discutible la exclusión o no del efecto de variación de precios de la mano de obra en la revisión de precios. En el caso, de que la inclusión en la revisión de precios de la variación de la mano de obra beneficie al contratista adjudicatario (suponiendo que esta es la causa de la consulta), podría argumentarse que el órgano de contratación, al no referirse el pliego y el contrato de señalización al régimen transitorio de la Ley 30/2007 en cuanto a revisión de precios (máxime cuando ya estaba en vigor), “mejoró” en este extremo la regulación general, y que el índice o fórmula de revisión de precios aplicable al contrato (salvo excepción) será invariable durante la vigencia del contrato. Y todo ello de conformidad con los artículos 78.2 y 79.3 de la Ley 30/2007.


“Artículo 78 de la Ley 30/2007:

1. Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.

2. El órgano de contratación determinará el que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.”

“Artículo 79 FórmulasVer jurisprudenciaVer doctrina

1. Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.

2. Cuando por circunstancias excepcionales la evolución de los costes de mano de obra o financieros acaecida en un periodo experimente desviaciones al alza que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades Autónomas podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el 80 por ciento de la desviación efectivamente producida.

Se considerará que concurren las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior cuando la evolución del deflactor del Producto Interior Bruto oficialmente determinado por el Instituto Nacional de Estadística supere en 5 puntos porcentuales las previsiones macroeconómicas oficiales efectivas en el momento de la adjudicación o el tipo de interés de las letras del Tesoro supere en cinco puntos porcentuales al último disponible en el momento de la adjudicación del contrato. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir las referencias a las previsiones macroeconómicas y tipo de interés existentes en el momento de la licitación. Ver jurisprudencia

3. Salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.”


Ahora bien, reiteramos que la pretensión de incluir en la revisión de precios el efecto de la variación de la mano de obra, resulta endeble, sumamente dudosa y con muy escasas probabilidad de prosperar. Si su inclusión beneficia al contratista, desde luego será rechazada por la Administración. Parece claro que la legislación en esta materia desde la entrada en vigor de la Ley 30/2007 es la de excluir siempre y por norma general la variación de los precios de la mano de obra (artículo 79 y disposición transitoria segunda). Y a partir de esa exclusión general, solo se prevé en el artículo 79.2 una única excepción: excepcionales la evolución de los costes de mano de obra o financieros acaecida en un periodo experimente desviaciones al alza que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades Autónomas podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el 80 por ciento de la desviación efectivamente producida.


Es cuanto estimo procedente informar en Oviedo a 14 de Noviembre de 2.012 sin perjuicio de otra opinión mejor fundada en Derecho


Fdo Pedro González – Cobas García

Abogado

DIAZ – VARELA ABOGADOS, S.L.

 

Última actualización el Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:31
 

Aranceles de notarios y registradores tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 10-10-12

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I.- Introducción.


Con fecha de 10 de Octubre de 2.012 el Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Sexta, dictó Sentencia por la que se desestima el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General del Notariado contra el artículo primero del Real Decreto 1612/2011, de 14 de Noviembre, que modifica los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de Noviembre, y 1427/1989, de 17 de Noviembre, por el que se aprueban los aranceles de notarios y registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los registradores mercantiles.


Dicha reciente Sentencia nos brinda la oportunidad de revisar las modificaciones arancelarias a las que se refiere, ahora confirmadas por el Tribunal Supremo.


En lo que aquí interesa, las modificaciones arancelarias son las que a continuación se exponen


II.- Arancel de Notarios:


Las modificaciones son de dos tipos (reiteramos en lo que aquí interesa).


§ En primer término, el arancel de determinadas escrituras, que en la anterior regulación se calculaban como “Documentos de Cuantía” conforme a una escala (a la que se aplicaban unas reducciones), pasan a calcularse como “Documentos sin cuantía” con un arancel fijo.


Las Escrituras a las que afecta dicha modificación son las Escrituras de subrogación y novación modificativa de créditos o préstamos hipotecarios y Escrituras de cancelación de crédito o préstamo hipotecario.

 

 

El arancel fijo aplicable conforme a la modificación y para las referidas Escrituras Públicas es de 30,05 euros


La modificación que se trata realizada por Real Decreto 1612/2011, en realidad fue introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre en su artículo 10 que modificó el artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo.

 

§ La segunda modificación es la introducción de una rebaja genérica y adicional del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el notario.

 

Al igual que en el supuesto anterior, esta rebaja aplicada por el Real Decreto 1612/2011 fue ordenada por la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.

 


III.- Arancel de Registradores de la Propiedad.


Las modificaciones son de dos tipos (reiteramos en lo que aquí interesa).


§ En primer término, el arancel por inscripción de determinadas Escrituras Públicas (las mismas que hemos visto respecto a los aranceles notariales) se calculaban en la anterior redacción conforme a una escala, sobre la que se aplicaban una serie de descuentos tasados. Actualmente, tras la modificación, la inscripción de dichas Escrituras Públicas, se calcula aplicando la misma escala, pero tomando como base el capital pendiente de amortizar reducido en un 90 por 100 y con independencia de que la operación se integre o no en un proceso de subrogación o novación hipotecaria. Además, se establece un límite al arancel global aplicable que no podrá superar los 2.181,67 euros ni ser inferior a 24,04 euros.

 

Las Escrituras a las que afecta dicha modificación son las Escrituras de subrogación y novación modificativa de créditos o préstamos hipotecarios y Escrituras de cancelación de crédito o préstamo hipotecario.

 

 

También en esta ocasión, la modificación que se trata realizada por Real Decreto 1612/2011, en realidad fue introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre en su artículo 10 que modificó el artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo.

 

 

§ La segunda modificación es la introducción de la misma rebaja genérica y adicional a la que ya nos hemos referido (con motivo de los aranceles notariales) del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el registrador de la Propiedad.

 

Al igual que en el supuesto anterior, esta rebaja aplicada por el Real Decreto 1612/2011 fue ordenada por la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.



En ANEXO a esta Nota se transcribe la Normativa a la que nos hemos referido

 

 

Oviedo 20 de Noviembre de 2.012


Fdo. Pedro González – Cobas García

Abogado

DIAZ – VARELA ABOGADOS, S.L.

 

 


ANEXO



IV.- Normativa referida en esta Nota.


A.- Aranceles de Notarios:


A.1.- Anterior Regulación


 

Real Decreto 1426/1989, 17 noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. Anterior Redacción:

 

Número 2 Documentos de cuantía.-

1. Por los instrumentos de cuantía se percibirán los derechos que resulten de aplicar al valor de los bienes objeto del negocio documentado la siguiente escala:

a) Cuando el valor no exceda de 1.000.000 de pesetas: 15.000 Pesetas.

b) Por el exceso comprendido entre 1.000.001 Y 5.000.000 de pesetas: 4,5 por mil.

c) Por el exceso comprendido entre 5.000.001 Y 10.000.000 de pesetas: 1,50 por mil.

d) Por el exceso comprendido entre 10.000.001 Y 25.000.000 de pesetas: 1 por mil.

e) Por el exceso comprendido entre 25.000.001 Y 100.000.000 de pesetas: 0,5 por mil.

f) Por lo que excede de 100.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas: 0,3 por 1.000.

Por lo que excede de 1.000.000.001 pesetas el Notario percibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes otorgantes.

2. Los derechos establecidos en el apartado 1, se reducirán en un 25 por 100 en los préstamos y créditos personales o con garantía hipotecaria.

La reducción alcanzará un 50 por 100 en los casos siguientes:

a) Instrumentos en que por disposición expresa de la Ley resulten obligados al pago de los derechos notariales del Estado, Comunidades Autónomas, provincias o municipios o sus Organismos Autónomos.

b) Instrumentos en que resulten obligados al pago los partidos políticos y las organizaciones sindicales.

c) Préstamos o anticipos concedidos por las diferentes Administraciones Públicas para la promoción y construcción de viviendas.

d) Préstamos para la rehabilitación protegida de viviendas existentes y del equipamiento comunitario primario.

e) Segundas o posteriores transmisiones de edificios y viviendas que hayan obtenido calificación o certificación de actuación protegible por reunir los requisitos exigidos en la normativa vigente.

f) La subrogación, con o sin simultánea novación, y la novación modificativa de los préstamos hipotecarios acogidos a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, entendiéndose que el instrumento comprende un único concepto. Para el cálculo de los honorarios se tomará como base la cifra del capital pendiente de amortizar en el momento de la subrogación, y en las novaciones modificativas la que resulte de aplicar el importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo.

3. Quedan a salvo, además, las exenciones o bonificaciones en materia de concentración parcelaria, Viviendas de Protección Oficial, explotaciones familiares y demás establecidas por la Ley.

 


A.2.- Regulación tras reforma: Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre:


Artículo primero Modificación del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios

Uno. Se da nueva redacción a las letras f), g) y h) del apartado 1 del número 1 del anexo I:

«f) Escrituras de subrogación y novación modificativa de créditos o préstamos hipotecarios: 30,050605 euros.

Por las escrituras de cancelación de crédito o préstamo hipotecario, y con independencia del capital pendiente de amortizar y de que la operación se integre en un proceso de subrogación o novación hipotecaria, se percibirá 30,050605 euros, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple.

g) Escrituras de constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática que no tuvieren entre sus socios personas jurídicas ni un capital social superior a 30.000 euros y cuyo órgano de administración delimitado en los estatutos sociales se estructure como un administrador único, varios administradores solidarios, cualquiera que sea su número, o dos administradores mancomunados, por todos los conceptos: 150 euros. Dicha cantidad será de 60 euros, por todos los conceptos, cuando, además de los requisitos anteriores, el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia.

h) Demás documentos (estado civil, emancipación, reconocimiento de filiación, etc.): 30,050605 euros.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo final al apartado 1 del número 2 del anexo I, con la siguiente redacción:

«En todos los supuestos de este apartado se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el notario. Esta rebaja también se llevará a cabo, en todo caso, en los supuestos previstos en los apartados siguientes de este número que resulten de la aplicación de esta escala y con carácter adicional a los demás descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente.»

 


B.- Aranceles de Registradores de la Propiedad:

 


B.1.- Anterior Regulación


Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad. Anterior Redacción

 

Número 2. Inscripciones.-

1. Por la inscripción, anotación o cancelación de cada finca o derecho, se percibirán las cantidades que fijan las siguientes escalas:

a) Si el valor de la finca o derecho no excede de 1.000.000 de pesetas: 4.000.

b) Por el exceso comprendido entre 1.000.001 Y 5.000.000 de pesetas: 1,75 por 1.000.

c) Por el exceso comprendido entre 5.000.001 Y 10.000.000 de pesetas: 1,25 por 10.000.

d) Por el exceso comprendido entre 10.000.001 Y 25.000.000 de pesetas: 0,75 por 1.000.

e) Por el exceso comprendido entre 25.000.001 Y 100.000.000 de pesetas: 0,30 por 100.

f) Por el valor que exceda de 100.000.001 pesetas: 0,20 por 1.000.

2. Los derechos a que se refiere este número del arancel se reducirán al 75 por 100 de su importe en los préstamos con garantía hipotecaria y al 70 por 100 en los siguientes casos:

a) En las agrupaciones, segregaciones y divisiones de fincas. En las agrupaciones y agregaciones se tomará como base el valor de la finca resultante; en las segregaciones, el valor de la finca segregada, y en las divisiones, el valor de cada una de las fincas resultantes.

Los asientos que se practiquen en los folios de las fincas originarias no devengaran honorarios.

b) En las primeras inscripciones de cada propiedad separada en los casos de propiedad horizontal u otros regímenes de comunidad.

c) En la constitución y cancelación de hipotecas y condiciones resolutorias cuando tuvieren por finalidad garantizar el precio aplazado en las compraventas.

d) En los asientos de conversión, tanto de inscripciones de posesión como de anotaciones preventivas por defecto subsanable.

e) En los asientos practicados a consecuencia de rectificación de titulos ya inscritos, siempre que esta se solicite dentro de los tres meses siguientes a la fecha del asiento rectificado y no se modifique la titularidad de los derechos inscritos.

3. Los derechos de este número se bonificarán en un 50 por 100 cuando legalmente resulten obligadas al pago:

a) Las Administraciones Públicas, comprendiendo la estatal, Autonómica, provincial, local o sus organismo autonomos.

b) Los partidos políticos y las organizaciones sindicales.

4. Los derechos de este número se bonificarán igualmente en un 50 por 100 en los casos siguientes:

a) Los préstamos para la rehabilitación protegida de viviendas existentes y del equipamiento comunitario primario.

b) Las segundas o posteriores transmisiones de edificios y viviendas que hayan obtenido calificación o certificación de actuación protegible por reunir los requisitos exigidos en la normativa vigente.

c) Las subrogaciones, con o sin simultánea novación, y las novaciones modificativas de préstamos hipotecarios acogidas a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, en cuanto al asiento de inscripción previsto en el último párrafo de los artículos 5 y 9 de la citada Ley. A estos efectos la nota marginal a que se refiere el párrafo 1 del mencionado artículo 5, tendrá la consideración de nota marginal de referencia. Para el cálculo de los honorarios se tomará como base la cifra de capital pendiente de amortizar en el momento de la subrogación, y en las novaciones modificativas la que resulte de aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo.

 

 

B.2.- Regulación tras reforma: Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre:

 


Artículo segundo Modificación del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad

Uno. El apartado 1 del número 2 del anexo I pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Por la inscripción, anotación o cancelación de cada finca o derecho, se percibirán las cantidades que fijan las siguientes escalas:

a) Si el valor de la finca o derecho no excede de 6.010,12 euros, 24,040484 euros.

b) Por el exceso comprendido entre 6.010,13 y 30.050,61 euros, 1,75 por 1.000.

c) Por el exceso comprendido entre 30.050,62 y 60.101,21 euros, 1,25 por 1.000.

d) Por el exceso comprendido entre 60.101,22 y 150.253,03 euros, 0,75 por 1.000.

e) Por el exceso comprendido entre 150.253,04 y 601.012,10 euros, 0,30 por 1.000.

f) Por el valor que exceda de 601.012,10 euros 0,20 por 1.000.

g) El arancel aplicable a la inscripción de escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o préstamos hipotecarios será el contemplado en este apartado, tomando como base el capital pendiente de amortizar reducido en un 90 por 100 y con independencia de que la operación se integre o no en un proceso de subrogación o novación hipotecaria.

En todo caso, el arancel global aplicable regulado en el número 2 del arancel no podrá superar los 2.181,673939 euros ni ser inferior a 24,040484 euros.

En todos los supuestos de este número se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el registrador de la propiedad. Esta rebaja también se llevará a cabo, en todo caso, en los supuestos previstos en los apartados siguientes de este número y con carácter adicional a los demás descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente y sin que resulte de aplicación a la misma lo dispuesto en el apartado 6 de este número.»

 

 

C.- Normativa de la que devienen las modificaciones referidas:

 


Artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, por la que se regula la subrogación y la modificación de los Préstamos HipotecariosVer jurisprudenciaVer consultas, redactado por el número 1 del artículo 10 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre


 

Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.

Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad, tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por ciento.


Disposición adicional octava del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, Aranceles notariales y registrales

 


Uno. Se rebajarán los aranceles notariales y registrales en operaciones de cuantía, del siguiente modo.

1. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos notariales resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del arancel de los notarios, aprobado por Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

2. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores de la propiedad resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los registradores de la propiedad. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

3. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores mercantiles resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 5 del Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el adjunto Arancel de los Registradores Mercantiles. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Última actualización el Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:25
 

Nota sobre mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las entidades locales y de las CCAA

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I.- MECANISMO DE FINANCIACION PARA PAGO PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES:

El 26 de Febrero de 2.012 entró en vigor el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, (publicado en el BOE 25 Febrero 2012), por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

1.- ¿En que consiste? El RDL establece las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios. En primer lugar el RDL establece la obligación de información a cargo de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el procedimiento para su cumplimiento para identificar el volumen real de deuda con sus proveedores. A partir de ese momento, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera mediante la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo con entidades de crédito.

2.- ¿A qué Administraciones Públicas afecta? A las Entidades Locales, entendiéndose por tales, (según la definición prevista en el Artículo 2.3 del RDL): Se entiende por entidad local, a los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, todas las entidades mencionadas en el artículo tres de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y todos sus organismos y entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a las entidades locales incluidos en el Inventario de Entes del Sector Público Local regulado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre , por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.

3.- ¿Qué obligaciones de pago de las Entidades Locales incluye el RDL? Las obligaciones pendientes de pago con sus contratistas y proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios (artículo 1 del RDL). Se entiende por contratistas (artículo 2.4 RDL), a los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, tanto al adjudicatario del contrato como al cesionario a quien le haya transmitido su derecho de cobro.

4.- ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las obligaciones de pago?: (Artículo 2.1): a) Ser vencidas, líquidas y exigibles, b) Que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012 y c) Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre


5.- ¿Qué derechos tienen los contratistas titulares de créditos contra las entidades locales incluidas en el ámbito del RDL? Los contratistas tienen dos derechos (artículo 4 del RDL):

 

Última actualización el Martes, 27 de Marzo de 2012 08:45 Leer más...
 

La situación urbanística en el Concejo de Llanes

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Artículo de Carlos Díaz-Varela Betancourt, publicado en el diario El Comercia el 27 de febrero de 2011

 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 11 de Abril de 2007 que declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes sitúa al Concejo en un escenario urbanístico que, aún lamentablemente esperado, resulta realmente insólito y de gravísimas consecuencias, producto de una estrategia empecinadamente errónea del Consistorio Llanisco.

 

Llamamos la atención de que lo sorprendente y la clave de todo este “affaire” es la falta de capacidad de reacción del Gobierno Local, quien -una vez conocidas las fundadas demandas tramitadas por distintos recurrentes del PGOU-, debería de inmediato haber puesto en funcionamiento los trámites conducentes a la aprobación de un nuevo Plan acorde a la legalidad urbanística.

Sin embargo, y al igual que en ocasiones anteriores, la estrategia seguida por el Gobierno Local fue emprender una suerte de “huida hacia adelante”, oponiéndose a tales demandas a pesar de que éstas resultaban demoledoras con la política urbanística municipal.

Última actualización el Domingo, 20 de Marzo de 2011 13:24 Leer más...
 


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