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Dos años de tasas judiciales. Marco general de aplicación.

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Acercándonos al segundo aniversario de la funesta entrada en vigor de las tasas judiciales en España, conviene hacer repaso al marco general de su aplicación.


La única jurisdicción totalmente exenta de tasas judiciales es la penal. En el resto de jurisdicciones la regla general es la obligación del abono de tasa, con varias excepciones notables que examinamos a continuación.


Están legalmente exentos del pago de tasas judiciales:


- Los procedimientos que regula la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

 

- La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el Capítulo de la LEC denominado “De los procesos matrimoniales y de menores” que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.

 

- La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

 

- La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

 

- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

 

- La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere los 2.000 euros (no se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga carácter de título ejecutivo extrajudicial).

 

- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

 

- La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

 

- Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

 

- Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor y, si ambos se opusieren, a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

 

A parte de estas exenciones totales, se fijan en la ley dos exenciones parciales:

 

- En la jurisdicción social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

 

- En la jurisdicción contencioso-administrativa, los funcionarios públicos tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios.

 

En los últimos tiempos se ha declarado por la Dirección General de Tributos la exención del abono de la tasa en los siguientes supuestos:

 

-  La oposición a la ejecución de sentencia sobre pensiones alimenticias del menor.

-  La continuación de la ejecución hipotecaria por el resto del crédito no cubierto con la subasta de la finca hipotecada no exigirá el pago de una segunda tasa judicial.

- La impugnación por las partes del cuaderno particional elaborado por el contador-partidor.

 

 

 

 

Última actualización el Miércoles, 03 de Septiembre de 2014 10:08